Recientemente,
el Consejo de ministros del Gobierno del PP ha aprobado un Real decreto que modifica la
discutida Ley del Cine, aprobada por el Gobierno del PSOE en el año 2007. La
nueva ley iniciará de inmediato la transición del actual modelo de ayudas al
cine español.
Se trata de conceder las
ayudas a la amortización, que los productores reciben a posteriori -se reciben
dos años después de estrenada una película-, a un nuevo modelo de ayudas a
priori, que se implementarán a través de un sistema de puntuación automático
que evite la arbitrariedad en la concesión de las subvenciones. Aun así,
continuarán las ayudas a los proyectos de cine alternativo, como ha sucedido
hasta ahora.
El acuerdo pactado entre
el actual Gobierno y los sectores profesionales de nuestra endémica industria
cinematográfica ha costado tres años. No obstante, hasta el año 2008 convivirá
este nuevo modelo con las obligaciones de financiación generadas por el
antiguo. De ahí que el Gabinete Rajoy también haya aprobado de forma paralela
un crédito extraordinario para hacer frente a las obligaciones de amortización
que vencen este 2015, por un importe de 16 millones de euros.
Con esta modificación de
ayudas al cine autóctono se pretende mejorar la seguridad jurídica y financiera
de un sector muy afectado por la crisis económica, que se completa desde el
pasado enero con el aumento de las desgravaciones fiscales a la inversión hasta
el 20 por ciento.
De momento, aunque el cine
español subsista con las criticadas subvenciones, al menos no se beneficiarán
de las ayudas oficiales -que proceden del erario público- los meros subproductos
(léase Torrente) que no benefician en nada al cine español.
